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Tres años construyendo paz con legalidad

Decía hace una semana que, para juzgar con justicia el desempeño de un gobierno, quizás el principal criterio para escoger a su sucesor, es imperativo informar los hechos cómo son, no cómo uno los quiere ver. Se sostiene, y con razón, que la mejor política es la que se basa, más que en la ideología, en la evidencia. Y una de las decisiones políticas más trascedentes para cualquier sociedad es la elección de sus representantes, los encargados de dirigirla. Por eso continúo haciendo un balance de los tres años del mandato del Presidente Iván Duque, uno de cuyos signos es la paz con legalidad.

Aunque reducido por algunos contradictores a “enemigo de la paz”, el Jefe de Estado, como cualquier colombiano que quiere a esta tierra y a su gente, desea una patria tranquila para todos. La seguridad, y lo hemos dicho hasta el cansancio, no es de derecha o de izquierda, sino una condición para el ejercicio de todos los derechos. Sin seguridad no hay inversión y se vive con miedo, sin inversión es imposible generar la riqueza que trae prosperidad y permite reducir la pobreza, y cuando se vive con miedo no hay libertad. Defender esto, sin embargo, no equivale a aceptar la paz al precio de la impunidad. La única paz estable y duradera, como lo han dicho incontables veces los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, es la que coexiste y es consecuencia de la verdadera justicia. A esto le llamamos paz con legalidad, concepto que reconoce un principio esencial del Estado de derecho, la igualdad ante la ley: el que la hace, sin importar quien sea, la paga.

Los hechos son elocuentes.

Para comenzar, nunca ha habido una intención de “hacer trizas” el acuerdo Santos-FARC. En forma abierta y pública, el Presidente Duque y sus seguidores hicimos campaña por el “No” en el plebiscito porque creíamos que un mejor pacto, uno que consultara la decencia, no la claudicación ante la amenaza, y lograra un respaldo ciudadano más amplio, era posible. ¿Qué nos encontramos? El desconocimiento de una decisión democrática y una renegociación artificial porque la esencia del desacuerdo no fue alterada. ¿Qué pasó después? Que el Gobierno Nacional, como se lo permite la Constitución Política y como se lo exigía el mandato popular, objetó seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP para fortalecer los derechos de las víctimas y enfrentar mejor el narcotráfico, pero a la postre reconoció que las mayorías parlamentarias en esa materia se oponían y siguió lo indicado por la Corte Constitucional. La administración Duque, cuyo gabinete está integrado por personas que apoyaron el acuerdo y por personas que se opusieron a él, ha aplicado la legislación de implementación de lo negociado en La Habana.

Alrededor del 95% de los más de 12 mil ex-integrantes de FARC en proceso de reincorporación están bancarizados, el 99% están afiliados al sistema de salud y más de 13 mil han recibido apoyo económico por 313 mil millones. Adicionalmente, 6995 personas se benefician de 3063 proyectos productivos cuyo valor asciende a más 68 500 millones de pesos, y ya están habilitadas más de 1300 hectáreas para proyectos productivos y de vivienda y, producto de la puesta en marcha del Catastro Multipropósito, en 2020 se actualizaron 15.39 millones de hectáreas (6.9 millones por el Instituto Agustín Codazzi, mientras durante la última década solo actualizaba, en promedio anual, 3.8 millones). A estas cifras se suman 7.4 billones invertidos en los municipios que se benefician de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, en los cuales se han entregado 1325 obras de infraestructura que favorecen con agua y saneamiento básico a casi 500 mil personas.

Las víctimas son el centro de la política pública de paz con legalidad. La Ley de Víctimas fue prorrogada hasta 2031, gracias a la iniciativa del Gobierno y el apoyo del Congreso de la República. En 33 meses, han sido reparados 311 sujetos colectivos con casi 24.500 millones de pesos y 267 157 víctimas individuales han sido indemnizadas con una inversión de 2.37 billones.

Fuera de la ejecución de la legislación de implementación del acuerdo, es notable que Colombia cerró 2020 con la tasa de homicidios más baja en 45 años -24,5 por cada 100 mil habitantes- y, frente a 2019, redujo el mismo indicador en 4%. 53 cabecillas de grupos criminales han sido neutralizados, entre ellos líderes del Clan del Golfo y de disidencias de Farc. Y, consecuencia de reformas constitucionales propuestas por el Gobierno, ahora el secuestro y el narcotráfico no se pueden perdonar en nombre de la paz; y, los asesinos, violadores y abusadores de niños serán castigados con cadena perpetua.

A pesar de estos progresos, es indudable que queda camino por recorrer. Es urgente impedir asesinatos de hacedores de paz y defensores de derechos humanos y judicializar a sus responsables, entre ellos exintegrantes de Farc que han matado a muchos de los 278 firmantes del acuerdo. Y es apremiante seguir combatiendo el narcotráfico, elemento común y que causa de todas las formas de delincuencia organizada en el país.

Es verdad que, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el área sembrada con coca disminuyó 7% en 2020 en relación con 2019: pasamos de 154 mil a 143 mil hectáreas. En 2020 erradicamos manualmente más de 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos y alcanzamos récord de incautaciones (505.6 toneladas de cocaína, 8.66 millones de galones de insumos líquidos y más de 44 toneladas de insumos sólidos). Pero el desafío se mantiene: la productividad de los cultivos ha aumentado y la capacidad exportadora de Colombia asciende a más de 1000 millones de toneladas métricas de cocaína. Tenemos que seguir apostándole a la paz con legalidad.

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