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Todos contra el reclutamiento de niños

Cuatro días atrás y en el sector de La Habana, entre el Alto de Ventanas y Puerto Valdivia, en Antioquia, un amigo tuvo un accidente que, por fortuna y a pesar de la destrucción de la parte delantera del vehículo, no pasó a mayores: él, quien conducía, y los demás pasajeros quedaron ilesos. Mientras esperaban una grúa que salió de Tarazá, una familia que vive al pie de esa carretera difícil les ofreció techo en su humilde vivienda. La conversación avanzó hasta que la mujer, quien primero les abrió la puerta de su casa, también les abrió su corazón: les confesó su miedo de que su hijo, un niño, fuera reclutado por la guerrilla; la posibilidad de perder su tesoro más grande, probablemente para siempre, aterrorizó su alma.
 
Tristemente, su temor no es infundado: es de público conocimiento que los reclutadores están en la zona. Basta recordar que a finales de marzo y también en Valdivia, municipio del norte antioqueño, terroristas del ELN hirieron a dos niños de 12 y 13 años y prendieron fuego a tres vehículos, un bus y dos tractomulas, en la troncal nacional que comunica a Medellín y el occidente del país con nuestro Caribe. Después de estos hechos, fue necesario cerrar la vía para descartar la posible ubicación de artefactos explosivos.
 
El terrorismo del ELN atacó civiles, bloqueó una de las carreteras más importantes de Colombia, impidió la libre circulación de personas y bienes, incluso alimentos, sembró miedo. Envalentonado por los recursos de la coca y la minería ilegal y disidentes de FARC, el ELN y demás grupos ilegales siguen reclutando. De acuerdo con el último informe global del Secretario General sobre Niños y Conflictos Armados al Consejo de Seguridad, solo en 2019 “las Naciones Unidas verificaron 176 violaciones graves contra 168 niños”. Según el mismo documento, los mayores reclutadores fueron el ELN y las disidencias de FARC, cada uno responsable de 40 casos, en tanto que, con base en información suministrada por el Gobierno Nacional, “180 niños (112 niños y 68 niñas) fueron separados de grupos armados e ingresaron en el programa de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.
 
Tanto lo sucedido en la noche del 30 de marzo como los casos de reclutamiento son infracciones del derecho internacional humanitario, legislación cuyo propósito es humanizar la confrontación armada protegiendo a la población civil y a los combatientes o personas que participaban en hostilidades y fueron puestas fuera de combate. 

Los niños son especialmente protegidos, consenso de la humanidad despreciado durante décadas por las guerrillas y otros grupos armados organizados que han reclutado y usado niños para participar en hostilidades, a pesar de que los Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos Facultativos de 1977, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y su Protocolo Adicional sobre Niños y Conflictos Armados de 2000, el Estatuto de la Corte Penal Internacional adoptado en Roma en 1998 y el Código Penal colombiano condenan el reclutamiento y utilización de niños, crimen de guerra que conmueve la conciencia de la humanidad.
 
Es suficiente leer los titulares de prensa para advertir que el problema es nacional: “Reclutamiento de niños: disparado en el Catatumbo” (Semana, 1 de abril de 2021), “Advierten reclutamiento de niños por grupos ilegales en Bogotá” (La FM, 28 de marzo de 2021), “Durante la pandemia aumentó el reclutamiento infantil: ONG” (14 de abril de 2021), “Bajo Cauca y Vaupés, ejes del reclutamiento de menores en Colombia” (Insight Crime, 1 de abril de 2021), “El plan del Gobierno para enfrentar el reclutamiento de menores en Colombia” (El País, 29 de marzo de 2021). Lo más lamentable es que los niños reclutados son convertidos en escudos humanos por el terrorismo, como ocurrió el 2 de marzo del presente año en Calamar, Guaviare, y los reclutadores terminan siendo excusados.
 
A los que matan, secuestran, extorsionan, violan, trafican cocaína y reclutan en nombre de la “justicia social” no les importa que los derechos de los niños prevalezcan sobre los de los demás: los niños sirven de carne de cañón, son más obedientes y son útiles para neutralizar o deslegitimar la acción del Estado. 

En el colmo del cinismo y en abierto desconocimiento de la normativa aplicable, sectores políticos de oposición y personas y organizaciones indulgentes con los violentos se valen de una ética dudosa que acusa de todo al Estado para atacar al Gobierno, como si los individuos no tuviéramos responsabilidades, como si la Constitución Política no dijera que “son deberes de la persona y del ciudadano: 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.   
 
Es cierto que el Estado está obligado a prevenir violaciones de los derechos humanos, pero la estrategia de unos es exigir lo imposible para luego atacar a las autoridades por hacer lo que era posible. Responsabilizar exclusivamente a la institucionalidad pública por los reclutamientos de niños pierde de vista que, por decisión del Gobierno Uribe, Colombia aceptó que Naciones Unidas, ONGs y la Defensoría del Pueblo llevaran a cabo el escrutinio más riguroso de esta situación a través del Mecanismo de Supervisión y Reporte sobre Niños y Conflictos Armados establecido por la resolución 1612 de 2005 del Consejo de Seguridad (MRM 1612, por su siglas en inglés). La administración tan atacada por supuestamente confrontar a movimientos de derechos humanos, en realidad se distinguió por su apertura a que se documentaran los casos de asesinato y mutilación, reclutamiento y utilización, violencia sexual, secuestro, denegación de asistencia humanitaria y ataques contra escuelas y hospitales y su personal cuyas víctimas son niños.
 
Producto del “enfoque pragmático” del MRM 1612, el Secretario General presenta reportes periódicos en los que incluye en un anexo a los grupos que cometen violaciones graves contra los niños en situaciones de conflicto armado. Las FARC y el ELN han sido incluidos en el anexo de casi todos los informes y, en algunos, lo fueron los grupos de autodefensas. De modo que la mejor forma de proteger a los niños de los rigores de la violencia organizada es derrotando a los reclutadores y señalando a quienes hay que señalar: los grupos armados ilegales que no entienden, como escribió Dostoievski, “que el alma se sana estando con niños”, no sacrificándolos. Nuestros niños no son instrumento de la violencia. 


Encima. Entre tantas dificultades, a los caribeños debe alegrarnos que el Gobierno Nacional ya adjudicó los contratos para, primero, la intervención definitiva de los 48 kilómetros de la vía Santa Lucía-Moñitos, por un valor de 171.400 millones de pesos que generarán 1.618 empleos, conectando a la zona costanera con el resto del departamento, Antioquia y la Costa Caribe; y segundo, la pavimentación de 100 kilómetros de la vía a la Alta Guajira, una obra de más de 165.000 millones de pesos que creará más de 4300 empleos.

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