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La conectividad en la pospandemia

Si hay algo que podemos rescatar de la pandemia es que fue el detonante que agilizó la transformación digital del Estado colombiano y obligó a un cambio chip en el sector privado y en el público, lo que hoy permite a los ciudadanos realizar una serie de trámites sin intermediarios, en menor tiempo y ahorrándoles costos. Eso es equidad, brindar las condiciones suficientes para que los ciudadanos tengan las mismas oportunidades sin importar el lugar geográfico en el que se encuentran o el estrato socioeconómico al que pertenecen.

En esta emergencia, ¿cómo habríamos podido seguir estudiando, trabajando y comunicándonos desde nuestras casas sin conectividad? Esa pregunta la podemos responder los que hoy leemos esta columna de opinión, seguramente en una ciudad o en el casco urbano de un municipio, pero tristemente hay unos 20 millones de colombianos que no lo pueden hacer y que tampoco pueden recibir educación virtual, trabajar de manera remota o acceder a una cita médica a través de telemedicina.

Ahora bien, para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de estas ventajas que nos brinda la tecnología, es necesario que todos cuenten con servicio de conectividad, pero muy especialmente quienes viven en las zonas rurales. Ahí es cuando entendemos cuál era la urgencia de tramitar una ley (1978 de 2019) que modernizara el sector de las TIC, como lo prometió en campaña y lo cumplió el Presidente Iván Duque, iniciativa que apoyamos decididamente desde la Comisión VI del Senado.

Gracias a la Ley TIC fue que se pudo realizar la exitosa subasta del espectro radioeléctrico en diciembre del año pasado, con lo que se beneficiará a 1 millón de personas que viven en 3.658 centros poblados, donde nunca ha existido señal de internet o donde por primera vez llegará el 4G. A eso se suma que ya fueron instaladas 1.000 Zonas Digitales, que ofrecen internet gratuito en igual número de localidades y el programa ‘Hogares Conectados’ con el que se llevarán 342.078 conexiones de internet a bajo costo para estratos 1 y 2.

Quiero resaltar que para el 2025, mi departamento, Córdoba, tendrá 371 localidades rurales conectadas en 4G, llegando al 100 % de cobertura, y que por el COVID-19, en todo el país, se aceleró la entrega de 90 mil computadores para niños, niñas, adolescentes y docentes, y se espera que al finalizar el año la cifra alcance los 173 mil.

¡Claro, falta mucho! Pero también es importante hacer este balance, mientras seguimos solicitando al Gobierno que acelere todos los planes de conectividad y que se dé un empujón a la cobertura de internet fijo, que es finalmente el que le sirve a las familias para trabajar y estudiar desde las casas. Ojalá estos planes privilegien a los hogares donde hay maestros y estudiantes de colegios públicos.

Nuestro aporte. Desde el congreso estoy impulsando un proyecto de ley en donde la garantía a la conectividad digital se instaura como una prestación social, a través del reconocimiento de un auxilio a los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos y que desarrollen su labor en su domicilio, para así ayudar a garantizar el derecho laboral y la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores. Lo anterior dando continuidad al Decreto 771 de 2020 expedido por el gobierno en la pandemia.

El Gobierno debe contemplar que algunas de las medidas que implementó en la emergencia puedan ser permanentes en la pospandemia. Estoy hablando de la exención del impuesto sobre las ventas para los servicios de conexión y acceso a voz e internet móvil, cuyo valor no supere dos Unidades de Valor Tributario, y la continuidad en la prestación del servicio de telefonía móvil, aún cuando el usuario se encuentre en mora hasta por 30 días.

El COVID-19 nos ha marcado una pauta muy clara: debemos acelerar la conectividad y garantizar la apropiación y el buen uso de las TIC, como una herramienta fundamental de aprendizaje y para enfrentar el nuevo contexto mundial. Necesitamos conectividad para trabajar, producir, estudiar, progresar; necesitamos conectividad para el desarrollo, para garantizar la equidad y promover el bienestar social.

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