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Balance legislativo

A poco menos de un año de las elecciones parlamentarias y al terminar la legislatura 2020-2021, la ciudadanía merece conocer mejor nuestro trabajo en el Congreso de la República para encontrar soluciones a los desafíos de Colombia, agravados por la pandemia y el paro iniciado el 28 de abril. Efectivamente, ni el Covid-19 ni las manifestaciones -que han incluido la estigmatización del legislativo- nos han impedido a quienes fuimos elegidos por el pueblo colombiano como sus representantes pedirle cuentas al Gobierno y discutir los proyectos de ley que le sirven a la nación.  
 
Gracias al liderazgo de su Presidente, el senador y señor Arturo Char, y su siempre impecable Secretaría, al mando de Gregorio Eljach, el Senado de la República cumplió cabalmente sus obligaciones adaptándose con solvencia al trabajo remoto o virtual y escuchando las quejas legítimas de quienes protestaron pacíficamente, no obstante el cuento oportunista de que las sesiones virtuales violaban la Constitución y la utilización con fines electorales del malestar de muchos ciudadanos. En estas circunstancias avanzamos en varias iniciativas de mi autoría o de mi partido que, confío, mejorarán las vidas de los colombianos y servirán para elevar la calidad de nuestra democracia, y de las cuales debo resaltar al menos tres.
 
La Constitución Política y la legislación internacional ordenan darles prevalencia a los derechos de los niños sobre los de los demás y atender a su interés superior en todas las decisiones que los afectan. Guiados por esta premisa, que es un consenso de la humanidad, y decididos a continuar la lucha de Gilma Jiménez, aprobamos el proyecto de ley que regula la cadena perpetua para responsables de asesinatos y delitos sexuales contra niños. La cadena perpetua, cuya necesidad se ha hecho más evidente a la luz de casos tan dramáticos y dolorosos como el de un hombre que presuntamente ha abusado de 14 niños en un jardín infantil del barrio Santa Cruz de Medellín, será en todo caso revisada en cada caso en un plazo no inferior a 25 años para determinar si esa sanción se justifica o no para prevenir nuevos delitos. La regulación que aprobamos es, además, garantista porque define reglas claras, condición de la seguridad jurídica y el debido proceso.
 
Mientras unos hablan de su compromiso con los más vulnerables y la construcción de oportunidades iguales para todos, otros actuamos. El Centro Democrático, guiado por el expresidente Álvaro Uribe, presentó una audaz iniciativa que persigue mejorar la calidad de vida de los trabajadores colombianos sin afectar su remuneración mediante la reducción gradual de la jornada de trabajo de 48 a 42 horas semanales. Propusimos esto a partir de, primero, una simple constatación de un desequilibrio social; y, segundo, un convenio y una recomendación de la OIT y las mejores prácticas internacionales. Sin desconocer que algunos sectores de la economía enfrentarán más retos que otros para adaptarse a esta disminución, sabemos que al final del día ganarán empleadores y trabajadores: aumentará la productividad y los trabajadores gozarán de más tiempo con sus familias, para su esparcimiento, para cultivarse. Como lo hemos dicho antes, creemos en la relación fraternidad entre empresarios y empleados.
 
No menos importante es la aprobación de varias leyes de  congresistas del Centro Democrático, de las cuales fuí ponente, entre ellas, la que va fortalecerá la conciencia educativa y promoverá la inserción laboral de los jóvenes entre 18 y 28 años, de autoría del expresidente Uribe y el representante Enrique Cabrales. Igualmente, la ley que establece la exención legal en el pago de las tarifas de las pruebas Saber 11, de autoría de la senadora María del Rosario Guerra. Con ella vamos a lograr que a los jóvenes menores de 21 años víctimas de la violencia y que están en el Sisben IV no se les exija pagar esa tarifa, carga gravosa para personas que ya son doblemente vulnerables: por un lado, por su condición de víctimas; por otro, porque están en la pobreza. Y además, cabe resaltar la Ley que en estos momentos está dando un alivio por única vez, del 100 por ciento de las deudas que tienen pendientes las emisoras comunitarias y de interés público y los operadores de televisión comunitaria con el FONTIC, y con sociedades de gestión colectiva que tienen personería jurídica de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

También fuimos autores y ponentes de la Ley de Turismo, otorgando beneficios tributarios al sector más golpeado por la pandemia para que pueda salir de la crisis. Como lo anunció el Gobierno Nacional hace unos días, estamos trabajando para que en la legislatura que empieza podamos extender algunos de esos alivios. Así mismo, defendimos con nuestra ponencia la ley ReactivARTE, del cual somos coautores, y que fortalecerá el sector cultura y de la economía creativa en todo el territorio nacional mediante la creación de un fondo de financiación de las artes.

Son más los proyectos de ley que hemos presentado, que avanzaron en aprobación de debates en esta legislatura y que esperamos se conviertan en ley de la República en el periodo congresional que empieza el 20 de julio. En este grupo están, entre otras, nuestra iniciativa para que nuestros niños y jóvenes tengan alimentación ininterrumpidamente durante todo el año escolar (las dificultades administrativas o de contratación no pueden traducirse en perjuicio para los niños); para que se consolide como política de Estado la educación superior gratuita para jóvenes de estratos 1, 2 y 3, se amplíe su cobertura mediante tecnologías de la información y las telecomunicaciones y se logre su inserción laboral con el otorgamiento de títulos de bachillerato técnico; para reducir el tamaño del Congreso de la República; para contribuir a mitigar los efectos del cambio climáticos permitiendo recargar las tarjetas de transporte con material reciclable; para darle reconocimiento a la transmisión de los saberes culturales, fomentar y promover la sostenibilidad de los oficios artísticos, de las industrias creativas y culturales y del patrimonio cultural en Colombia. El camino que le queda por recorrer a estas propuestas todavía es largo, pero confiamos que serán aprobadas para bien de Colombia.

El control político al Gobierno también ha ocupado nuestro tiempo. Mi partido ha vigilado rigurosamente la acción del ejecutivo y, ha hecho propuestas legislativas para hacerle frente a la crisis provocada por la pandemia, entre esas, el aumento de pobreza. Por eso seguimos solicitando una reforma breve y clara que lleve solidaridad a quienes están pasando por una situación crítica, como la ampliación del ingreso solidario, mientras la economía se reactiva y se genera más empleo. En este sentido, con otros colegas senadores citamos a debate de control político a los ministros de Hacienda, Comercio Exterior y Agricultura para que informaran sobre las acciones para reactivar la economía, preocupación de todos. En esa oportunidad, insistí en que “la fraternidad solidaria” y la facilitación del emprendimiento son condiciones de la reactivación y la ampliación de la tarea social del Estado.

Este balance es incompleto, pero refleja fielmente una ambición por Colombia. La ambición de reducir y parar cuanto antes las muertes y los contagios por Covid-19. La ambición de que las vacunas lleguen más rápido y la vacunación sea más ágil. La ambición de que la economía se reactive definitivamente para salir de la crisis y reducir la pobreza. La ambición de seguir dialogando con los colombianos para conocer sus problemas y encontrarles solución, en forma pacífica y sin que la rabia se traduzca en la destrucción que hemos visto durante los últimos dos meses. Para esto, para facilitar la conversación civilizada que no recurre a la violencia, estoy en el Congreso de la República.

Encima. Hace treinta años, el Presidente César Gaviria dijo sobre la promulgación de una nueva Constitución: “[…] A la violencia, el odio y la impunidad le hemos opuesto la transformación pacífica, la reconciliación y la justicia; la tarea, claro está, aún no culmina […]lo que sí ha quedado bien claro es que bajo la nueva constitución no hay espacio para la violencia política [….] la carta de 1991 es un tratado de paz […] vamos a hacer de la nuestra una patria próspera y pacífica”. El anhelo sigue pendiente.

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