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32 días de paro: Colombia reclama libertad

La victoria del joven Egan Bernal en el Giro de Italia, coronado campeón después de la contrarreloj individual de treinta kilómetros, y la celebración del Día de la Madre, postergada por la pandemia, nos unen hoy a los colombianos, igual que el país maravilloso afectado por un mes largo de paro. Y como Colombia nos une, es inevitable no hacer un balance de los últimos treinta y dos días.

Presentado por sus defensores como un movimiento “nacional” -truco del lenguaje que oculta las discrepancias en el pueblo colombiano-, el paro ha degenerado en una ola de violencia y destrucción que debe terminar. Lo repetiré hasta el cansancio: los ciudadanos tenemos derecho a reunirnos para manifestar lo que tengamos que decir libre y pacíficamente y exigir cuentas a las autoridades. Pero protestar civilmente es muy diferente de las vías de hecho, la violencia y la destrucción que todos hemos visto a través de los medios, algunos de los cuales, en lugar de informar objetivamente, se han dedicado más a opinar y buscar likes en redes facilitando la campaña de desprestigio contra nuestras instituciones democráticas liderada por una izquierda radical que se vale de noticias falsas, discurso de odio y tácticas fascistas.     

De acuerdo con información oficial, hasta la medianoche entre el jueves y viernes 18 personas habían perdido sus vidas y más de 2000, entre civiles e integrantes de la Policía Nacional, habían sido heridas. Estas cifras, como es usual, son infladas por ONGs caracterizadas por su sesgo contra el Estado y su doble estándar para condenar la violencia. A los atentados contra la vida y la integridad física, algunos irreparables, hay que sumar los costos económicos que también se convierten en daños humanos: los bloqueos, los saqueos y los actos de vandalismo contra la infraestructura y bienes privados -como la inquietante violencia física y verbal contra almacenes Éxito, el mayor empleador privado de Colombia- y públicos -como el incendio del Palacio de Justicia de Tulúa, que evoca la toma del Palacio de Justicia en 1985 por el M-19- son ataques contra los ahorros, los bienes y los empleos de los colombianos; contra sus derechos a circular en libertad y vivir sin miedo; contra las instituciones de nuestra democracia y la lucha por la verdad y la reparación de las víctimas.   

El Comité del Paro y sus simpatizantes, entre ellos varios políticos, que llaman “cerdos” y “malditos” a los policías y a “cómplices de la barbarie” a 69 colegas porque piensan diferente sobre si al Ministro de Defensa Nacional había que censurarlo o no, nada dicen a propósito de ese perjuicio para el país, pese a que se llenan la boca hablando de “justicia social”, como si la solución de los problemas sociales no requiriera generación de riqueza. No es necesario exponer todas las estadísticas relevantes. Basta tener en cuenta que las pérdidas económicas para la nación, que venía recuperándose, superan los 10 billones de pesos; que se han desperdiciado más de 16 mil toneladas de productos agropecuarios, es decir, comida e insumos para producirla y conservarla; y que, con ocasión de los bloqueos criminales, el 22% de las empresas suspendió su operación y, por tanto, los contratos de trabajo de sus empleados.   

La desolación dejada por el paro en algunas partes del país es abrumadora. La situación es especialmente crítica en el suroccidente colombiano, afectado por la incitación de terroristas de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, las disidencias de FARC y el ELN. Y, sin embargo, algunos políticos que piensan más en la próxima elección que en la próxima generación insisten en socavar la autoridad presidencial, como si al ejecutivo no le correspondiera restablecer el orden y poner fin al caos, como si la seguridad no fuese la condición de la vida en libertad.   

Si se retiró el proyecto de reforma tributaria, si el proyecto de reforma a la salud se archivó y si el Gobierno Nacional ha habilitado canales para el diálogo razonado y anuncia todos los días nuevas políticas con enfoque social, como la educación gratuita para personas de estratos 1, 2 y 3 y el subsidio del 25% de un salario mínimo a los empleadores para que vinculen hasta 500 mil jóvenes entre 18 y 28 años, ¿qué más esperan los amigos del paro?, ¿cuál es el propósito último? Se vuelve obvio que su deseo es desconocer la democracia imponiendo su agenda al Gobierno elegido por la mayoría de colombianos en 2018. Por fortuna, cuando ya es un hecho el triunfo en Milán del muchacho de veinticuatro años que ya ganó el Tour de Francia y que según expertos del ciclismo sería el mejor escarabajo de la historia, más ciudadanos entienden que las vías de hecho, el sabotaje al trabajo de los colombianos y esta profundización de la crisis para llegar a la Casa de Nariño como redentores deben terminar. Cada vez más ciudadanos reclamamos al Estado proteger nuestras vidas y nuestros derechos y bienes; no negociarlos con quienes no nos representan. Y por eso invito a todos los colombianos a apoyar con determinación la acción eficaz de nuestros policías y soldados que es respetuosa de los derechos humanos y derrota las amenazas a la libertad. Encima. La verdad y la justicia cojean, pero llegan: el Tribunal Superior de Bogotá aclaró que Deyanira Gómez y Gonzalo Guillén no son víctimas en el proceso contra el Presidente Álvaro Uribe. Pronto debería saberse quiénes son en realidad, los victimarios de la presunción de inocencia, el buen nombre y la reputación de un hombre que, a pesar del anhelo de peligrosos enemigos, no deja de trabajar por Colombia.

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